Armagedón
“Si fuere destruido el fundamento, ¿Qué ha de hacer el justo?” Salmos 11:13
Alfredo A. Calderón Cámara
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Lo que está ocurriendo desde el jueves en La Azucena Segunda Sección, Cárdenas, dejó de ser desde hace horas un simple incidente policiaco. No puede reducirse a las fotografías y videos espectaculares de patrullas ardiendo. En el fondo estamos observando algo mucho más preocupante: una brutal crisis de confianza entre la comunidad y el alcalde de Cárdenas, como institución encargada precisamente de proteger la comunidad
Ubiquemos con prudencia el tema: cuando un pueblo deja de distinguir entre el policía municipal que cometió un abuso y el policía estatal ajeno al conflicto que llega tres días después a cumplir otra diligencia; la patrulla dejó de representar protección y representó amenaza; los habitantes enardecidos consideraron necesario organizarse para exigir justicia y entonces el problema rebasó a los policías e incluso al presidente municipal, Euclides Alejandro
La cronología publicada por medios locales ubica el origen inmediato del conflicto en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026, Gabriel Osorio perdió la vida mientras circulaba en motocicleta, habitantes y familiares señalaron desde aquella noche a una patrulla de la Policía Municipal de Cárdenas como presuntamente involucrada. XEVA reportó que vecinos sostenían que una unidad oficial habría embestido al motociclista en el tramo conocido como Frontera, kilómetro 23, en Encrucijada Cuarta Sección
Problema que se soslaya, estalla ¿Consecuencias? Fotografías y videos del domingo induciendo una lectura demasiado sencilla: “Un grupo de pobladores violentos atacó a policías”. Materialmente ocurrió algo muy grave: fueron incendiadas dos patrullas y también resultó incendiado el domicilio del delegado municipal; agentes de la Guardia Estatal quedaron impedidos temporalmente para abandonar la comunidad. Eso no debe ni puede justificarse
Destruir patrullas, retener servidores públicos o incendiar propiedades no constituye justicia. La indignación explica conductas. No necesariamente las legitima. Existe una diferencia enorme entre comprender por qué una comunidad llegó a determinado nivel de rabia y convertir esa rabia en una autorización para violentar a quien aparezca utilizando uniforme
Ahí encontramos la paradoja más peligrosa de Azucena: los policías estatales cuyas unidades fueron incendiadas no fueron los policías municipales señalados por la comunidad en la muerte de Gabriel. El Gabinete de Seguridad estatal informó que los agentes de la Guardia Estatal acudieron ayer por una denuncia de violencia familiar presentada por una mujer que manifestó haber recibido amenazas de muerte de su pareja
Después de entrevistarse con ella, cuando pretendían retirarse fueron agredidos por individuos enardecidos, incendiaron sus unidades y bloquearon su salida. Esos elementos eran ajenos a los hechos ocurridos días antes, para los habitantes de Azucena no existió una diferencia entre: policía municipal y guardia estatal. Patrulla de Cárdenas o del gobierno estatal. Para una comunidad indignada, todos terminaron condensados en una sola palabra: “la autoridad”
Cuando existe confianza, el ciudadano distingue. Cuando desaparece la confianza, generaliza. Y entonces el policía que llega a atender una denuncia de violencia familiar termina pagando socialmente por el comportamiento atribuido a policías que estuvieron allí tres días antes. Eso no debería ocurrir, pero ocurrió porque el alcalde Euclides Alejandro dejo crecer impunidad y vacío de información
Euclides Alejandro sigue sin entender que los vacíos institucionales terminan ocupados por rumores, miedo, resentimiento y versiones encontradas. El comunicado del Gabinete de Seguridad cumple una función importante. Aclara por qué estaban allí los policías estatales. Explica la existencia de la denuncia de violencia familiar. Se deslinda a esos agentes de los acontecimientos anteriores e informó que se mantenían canales de diálogo
Euclides Alejandro no puede administrar el deceso de Gabriel Osorio como un problema de relaciones públicas. La presión política inmediata recayó inevitablemente sobre él. No porque exista evidencia pública de que haya ordenado una persecución, pero los señalamientos ciudadanos recaen sobre elementos de la Policía Municipal de Cárdenas, y una crisis producida alrededor de una corporación municipal inevitablemente se convierte en responsabilidad política del gobierno municipal
La responsabilidad penal es personal. La responsabilidad política es diferente. Un alcalde no necesita conducir una patrulla para tener que responder políticamente por el funcionamiento de su policía. Por eso Euclides enfrenta una disyuntiva bastante sencilla de explicar y muy difícil de administrar: puede considerar que el problema son los ciudadanos que protestan, o puede entender que el problema fundamental es que una parte de sus ciudadanos aparentemente dejó de confiar en él y su policía
Si adopta solamente la primera lectura, probablemente empeorará la crisis. Debe revisar un tema: una acusación particularmente delicada, los retenes como espacios de extorsión, algunos habitantes desconfían de determinados retenes porque aseguran que policías los detienen arbitrariamente y les exigen dinero, ignorarla -como lo ha hecho hasta ahora- seguiría siendo una visión torpe del alcalde
Sin tener confianza: un retén preventivo puede ser interpretado como una emboscada. Una revisión puede ser vista como extorsión. Una patrulla puede ser percibida como amenaza. Y una intervención legítima termina contaminada por la reputación de intervenciones anteriores. Por eso cualquier denuncia reiterada sobre cobros indebidos, detenciones arbitrarias, amenazas o fabricación de delitos, debería ser investigada por Euclides Alejandro
Ubiquemos: el asunto dejó de caber dentro del Palacio Municipal de Cárdenas. La noche del domingo autoridades estatales mantenían acciones de diálogo para intentar destrabar la situación. Hay una responsabilidad política directa del gobierno municipal: que una crisis de confianza se transforme en una crisis de gobernabilidad. La inacción del alcalde fue observar Azucena desde la lógica unilateral: unidades incendiadas, agentes retenidos, bloqueos, delitos, hay que recuperar el orden
Todo eso es cierto. Pero existe otra lectura indispensable: hay un ciudadano muerto, hay familiares reclamando, hay una comunidad desconfiada, hay acusaciones graves contra policías municipales, hay ciudadanos que dicen sentirse intimidados y existe una historia previa que todavía necesita ser esclarecida públicamente. Ambas realidades deben atenderse simultáneamente
Nadie debe romantiza la “justicia popular”. Son expresiones que resultan comprensibles dentro de la furia comunitaria, pero peligrosas dentro del discurso público ¡Quemar patrullas no es justicia popular! Es destrucción de bienes públicos y produce responsabilidades penales. Retener policías que no participaron en el hecho que originó la protesta tampoco representa justicia
Si normalizamos que una comunidad pueda sustituir tribunales, fiscalías y procedimientos mediante fuerza colectiva, mañana cualquier persona podría ser declarada culpable por mayoría de gritos. a indignación ciudadana merece ser escuchada. La justicia ciudadana merece mecanismos. La venganza colectiva merece límites. Porque precisamente lo que se reclama contra un posible abuso policial es que nadie debe colocarse por encima de la ley. El mismo principio debe aplicarse para todos. Visión equilibrada es, Azucena en llamas: la indignación no es justicia
SÉPTIMO SELLO
La salida no parece particularmente misteriosa. Lo difícil será encontrar voluntad política para ejecutarla: la Fiscalía debe establecer una investigación transparente sobre la muerte de Gabriel Osorio y comunicar, dentro de los límites legales, qué hechos está investigando. Deben identificarse las unidades municipales que operaban en la zona el día de los hechos y los elementos que las tripulaban. Preservar y analizar cualquier evidencia física disponible: motocicleta, patrulla señalada, daños, videos, fotografías, comunicaciones, registros de desplazamiento y testimonios
SÉPTIMA TROMPETA
Si existen elementos policiales directamente involucrados, la autoridad municipal debería evitar cualquier apariencia de interferencia sobre ellos mientras se realizan las investigaciones. La familia de Gabriel Osorio necesita interlocución institucional directa. Cualquier despliegue de seguridad en Azucena debe tener como propósito inmediato proteger y contener, no escarmentar. La comunidad debe respetar y permitir que policías estatales ajenos al acontecimiento original puedan realizar sus funciones y retirarse sin agresiones
SÉPTIMA COPA
Las personas responsables de incendiar unidades o cometer agresiones deben responder individualmente por sus actos, pero eso no puede convertirse en pretexto para una persecución colectiva contra toda la comunidad y lo ineludible: el presidente municipal debe dar la cara y explicar ¿En que ayuda Euclides Alejandro a garantizar la paz que Javier May lucha todos los días por lograr para Tabasco?
Euclides Alejandro tiene un problema político de gobernabilidad. Los innegables abusos policiacos han llegado al extremo, tensaron demasiado la paciencia social. La intolerancia del alcalde enfrenta uno más de los episodios delicados de su administración. La Fiscalía debe investigar y garantizar condiciones. Los cuerpos policiacos, contenerse y actuar dentro de la ley