Un expediente que arrastra tres años de acusaciones
El proceso contra Moreno Cárdenas no es nuevo. Se originó en agosto de 2022, cuando la fiscalía campechana —encabezada entonces bajo la administración de la gobernadora Layda Sansores— presentó una primera solicitud de juicio de procedencia por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, delitos vinculados a su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019. Aquella solicitud permaneció prácticamente congelada durante años, lo que analistas atribuyeron a distintos equilibrios políticos entre el PRI y la coalición gobernante, incluido el respaldo priista a la ampliación de la participación militar en tareas de seguridad hasta 2028.
Ese primer expediente se cerró en 2025 tras el desistimiento de la fiscalía, una serie de amparos promovidos por el propio Moreno y su cambio de estatus, al pasar de diputado federal a senador. Sin embargo, entre julio y agosto de ese año la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una nueva solicitud, esta vez sustentada en varias carpetas de investigación por peculado y uso indebido de atribuciones, relacionadas con un presunto desvío de recursos públicos calculado en alrededor de 83.5 millones de pesos durante su gubernatura, además de señalamientos sobre el manejo de publicidad oficial. La detención de personas cercanas al entorno de Moreno, entre ellas un contador ligado a su hermano y un exfuncionario de comunicación social de su administración, incrementó la presión sobre el caso en los meses recientes.
Moreno y su partido han calificado reiteradamente el proceso como una persecución política. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha señalado públicamente que el asunto corresponde a la competencia de la fiscalía campechana.
El papel clave de la Sección Instructora
El procedimiento de desafuero, formalmente llamado juicio de procedencia, es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, a través de la Sección Instructora, órgano integrado por cuatro legisladores donde Morena y sus aliados mantienen mayoría frente a un solo representante de oposición. Ese órgano debe analizar el expediente, emplazar a las partes involucradas y elaborar un dictamen que después se somete al pleno, instancia que requiere mayoría simple para retirar el fuero y permitir que la persona sea procesada penalmente por la autoridad judicial correspondiente.
Flores Cervantes ha insistido en distintas ocasiones en que el expediente no está congelado y que su revisión responde a criterios de legalidad y no a plazos políticos, aunque reconoció aplazamientos derivados de otras prioridades legislativas. Legisladores morenistas, como el vocero Arturo Ávila, han pedido públicamente acelerar el proceso, mientras que senadores del propio partido han urgido a la Cámara baja a retomarlo, particularmente después de que Moreno viajara a Washington a exponer críticas contra el Instituto Nacional Electoral y el gobierno mexicano.
Posible relevo y expectativas para septiembre
De cara al inicio del periodo ordinario, Flores Cervantes se perfila para dejar la presidencia de la Sección Instructora, ya sea por licencia o para encabezar un nuevo partido. En su lugar, Morena evalúa colocar al diputado Sergio Gutiérrez Luna, cercano al coordinador Ricardo Monreal, con el objetivo de imprimir mayor celeridad al caso. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, no descartó que el expediente se reactive formalmente en cuanto arranque el nuevo periodo legislativo.
Un cálculo que trasciende lo judicial
Especialistas en política mexicana, entre ellas la excoordinadora priista Dulce María Sauri, interpretan la reactivación como parte de un cálculo electoral de cara a las elecciones de gubernaturas de 2027, más que como respuesta a una amenaza inmediata dentro del Congreso. El objetivo, señalan, sería presionar al PRI, dificultar eventuales alianzas con el PAN y debilitar a una de las voces más críticas del oficialismo.
Al 15 de agosto de 2026, el expediente permanece vigente en la Sección Instructora, sin fecha definida para una votación en el pleno. Su desenlace dependerá de la correlación de fuerzas dentro del órgano, de la información adicional que aporte la fiscalía campechana y de la voluntad política de la mayoría legislativa.
Consulta más contenido sobre la agenda nacional en la sección Nacional y sobre movimientos partidistas en Política de En Cambio Diario.