Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentó una lista de medios, periodistas, políticos y perfiles anónimos que, según un análisis del Gobierno federal, formarían parte de una presunta red dedicada a amplificar críticas contra la Cuarta Transformación.
Gobierno identifica más de 560 mil cuentas
Durante la conferencia “Derecho de Réplica” en Palacio Nacional, Alcalde aseguró que el monitoreo comprendió del 1 de enero al 8 de agosto de 2026 y partió de 98 “cuentas semilla”.
Según la funcionaria, el análisis identificó más de 560 mil cuentas y alrededor de 22 millones de publicaciones. La supuesta estructura fue dividida en cuatro niveles:
- Medios de comunicación y analistas.
- Personajes públicos y políticos.
- Perfiles anónimos o cuentas de ataque.
- Una red de cuentas presuntamente automatizadas.
Alcalde afirmó que esta operación busca posicionar artificialmente temas como las acusaciones de “narcogobierno”, el huachicol, el autoritarismo y las presiones de Estados Unidos.
Presentan lista de medios y periodistas
En la primera categoría fueron colocadas 54 cuentas de medios y comunicadores, a las que el análisis atribuyó 282 mil 866 publicaciones.
La lista incluye a Aristegui Noticias, Reforma, El Universal, Latinus, ADN 40, Azteca Noticias, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha, Denise Dresser y Joaquín López-Dóriga, entre otros.
Alcalde señaló que estas cuentas originan o legitiman contenidos mediante noticias, investigaciones y opiniones que posteriormente son retomadas por otras redes. Sin embargo, no presentó una acusación individual de que esos medios o periodistas operen directamente cuentas automatizadas.
Oposición acusa intento de intimidación
Entre los políticos mencionados aparecen Alejandro Moreno, Felipe Calderón, Vicente Fox, Xóchitl Gálvez, Rubén Moreira y Maru Campos. Esta segunda categoría estaría integrada por 32 cuentas que acumularon 67 mil 215 publicaciones.
Tras conocerse el listado, políticos de oposición acusaron al Gobierno de utilizar el aparato público para señalar e intimidar a quienes cuestionan a la administración federal.
La presentación abrió una nueva controversia sobre la libertad de expresión, el derecho a la crítica y la falta de una revisión técnica independiente que confirme públicamente la metodología y las conclusiones del análisis gubernamental.