Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano determinó la vinculación a proceso de Ángel Aguirre. El ex gobernador de Guerrero enfrenta el delito de desaparición forzada. El juez consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público eran suficientes para presumir su responsabilidad en este ilícito.
Luego de una audiencia de más de 15 horas de debate, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero por desaparición forzada de personas. El caso se relaciona con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de que la defensa del ex mandatario aportó más de 30 pruebas para desvirtuar la acusación, el juez consideró que ninguna de ellas era lo suficientemente contundente. No desacreditaron la versión de que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir evidencias de lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
¿Qué plazo se concedió tras la vinculación a proceso de Ángel Aguirre?
El juez también concedió un plazo de 120 días para la conclusión de la investigación complementaria. En ese tiempo la defensa podrá reunir las pruebas que presentará durante el juicio. El proceso se instruirá en contra del ex gobernador en su calidad de autor material del delito de desaparición forzada, considerado un crimen de lesa humanidad.
De esa manera, el juez federal rechazó en esta etapa los 31 datos de prueba presentados por la defensa de Aguirre Rivero. Esos elementos buscaban echar por tierra los argumentos de la FGR.
El viernes pasado la Fiscalía aseguró, con base en testimonios de Blanca N, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad, que él ordenó destruir evidencia de lo sucedido con un grupo de los 43 normalistas en hechos ocurridos en el municipio de Iguala.
La vinculación a proceso de Ángel Aguirre se sustenta en esos testimonios presentados por la Fiscalía.
¿En qué se basa la acusación de la FGR?
La acusación de la Fiscalía General de la República se basa en los testimonios de dos testigos. Estos aseguran que el gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó desaparecer toda evidencia de lo sucedido la noche del 26 de septiembre.
Principalmente porque su sobrino, Ernesto Aguirre, quien fungía como su asesor, estuvo al tanto de lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa desde un inicio. Tenía vínculos con el grupo criminal de Guerreros Unidos.
La entonces visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Blanca N, habría sustraído de la oficina de la presidenta del TSJG un sobre. En su interior había un disco que contenía imágenes de lo que grabaron un par de cámaras colocadas al exterior del Palacio de Justicia, ubicado en Iguala, la noche del 26 de septiembre.
En las imágenes se observaba cómo llegó a las inmediaciones de la ciudad de la justicia en Iguala uno de los camiones donde llevaban a los normalistas escoltados por personas armadas. Algunos con uniforme y otros sin él. Después las personas armadas obligaron a los estudiantes a pasar a otro autobús, que minutos más tarde huyó con rumbo desconocido, siempre escoltado por policías y gente armada.
La Fiscalía consideró que dichos videos contenían evidencia fundamental para poder reconocer quiénes iban a bordo del autobús y el camino que tomaron para huir de Iguala.
¿Cómo se habría destruido la evidencia según la acusación?
La visitadora del TSJG tomó ese sobre con el disco que contenía estas imágenes y lo entregó a Ángel Aguirre en la oficina de la gubernatura la noche del 29 de septiembre. Es decir, tres días después de la desaparición de los normalistas.
Ahí el gobernador se lo entregó al entonces procurador Iñaki Blanco para que se deshiciera del material y lo destruyera. Horas después ordenó a sus colaboradores borrar o destruir toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
La defensa trató de desvirtuar la acusación presentando testimonios y pruebas documentales. Argumentó que el día que presuntamente recibió el sobre con el disco, el gobernador había sostenido una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Ciudad de México.
Según la defensa, eso probaba que Aguirre Rivero no estuvo en Guerrero aquel 29 de septiembre y por ende no pudo haber recibido ese disco con las imágenes ni mandar a destruir esa evidencia. El juez rechazó esos argumentos en esta etapa.
El ex gobernador de Guerrero deberá permanecer preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Allí enfrentará el proceso por desaparición forzada.
Sus defensores insistirán en que le modifiquen esa medida cautelar para que pueda seguir el proceso en prisión domiciliaria. Argumentan el estado de salud que presenta Aguirre Rivero a sus 70 años de edad.
La vinculación a proceso de Ángel Aguirre se produjo tras más de 15 horas de audiencia. El juez determinó que las pruebas de la Fiscalía eran suficientes para presumir su responsabilidad.
El delito de desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad. El plazo de 120 días permitirá concluir la investigación complementaria y preparar el juicio.
Los testimonios de las dos ex funcionarias del Poder Judicial de Guerrero fueron centrales en la acusación. Señalaron la orden de destruir evidencia relacionada con los hechos de Iguala.
El sobrino Ernesto Aguirre aparece mencionado como persona que estuvo al tanto de los hechos desde el inicio por sus vínculos con Guerreros Unidos. Esa circunstancia se relaciona con la presunta orden de ocultar evidencias.
El video de las cámaras del Palacio de Justicia en Iguala mostraba el traslado de los normalistas de un camión a otro bajo escolta armada. La Fiscalía lo consideró evidencia fundamental.
La entrega del disco al gobernador el 29 de septiembre y su posterior orden de destrucción forman parte de los hechos que el juez estimó suficientes para la vinculación.
La defensa presentó más de 30 pruebas, incluyendo la reunión en Ciudad de México con Osorio Chong. Ninguna fue considerada contundente en esta etapa del proceso.
El Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso tras la larga audiencia en el Altiplano. El ex gobernador permanecerá en prisión federal de máxima seguridad.
El juicio se instruirá por el delito de desaparición forzada en calidad de autor material. La investigación complementaria tendrá un plazo de 120 días.
Mantente actualizado con las noticias más relevantes en En Cambio Diario.