Cancún, Q. Roo. Una presunta modalidad de fraude contra propietarios de embarcaciones fue denunciada en Cancún. De acuerdo con los señalamientos, la empresa TodoTrack, dedicada originalmente a servicios automotrices, habría incursionado en el mantenimiento de motores marinos sin contar con personal especializado, ofreciendo sus servicios mediante redes sociales e internet.
Según los testimonios recabados, el presunto esquema consiste en captar clientes a través de anuncios y “leads” generados en plataformas digitales, para posteriormente realizar inspecciones mecánicas en las que se diagnostican supuestas fallas inexistentes. Los denunciantes sostienen que, tras intervenir las embarcaciones, la empresa presenta presupuestos que ascienden a cientos de miles de pesos para reparar daños que, aseguran, fueron provocados durante la propia revisión.
Uno de los casos denunciados ocurrió en una embarcación ubicada en el complejo residencial Isla Dorada, donde, según los propietarios, el motor únicamente requería mantenimiento preventivo y cambio de filtros. No obstante, los técnicos habrían desmontado componentes del motor sin autorización, argumentando averías mayores.
Los afectados afirman que la embarcación fue dejada con el motor abierto y sin suministro eléctrico, tras desconectar las baterías, lo que habría inutilizado las bombas automáticas de achique y generado riesgo de hundimiento. Añaden que, cuando los clientes rechazan los presupuestos, las embarcaciones permanecen varios días sin ser rearmadas, presuntamente como medida de presión para aceptar las reparaciones propuestas.
Otro de los señalamientos se refiere al uso de refacciones. Los denunciantes sostienen que en las cotizaciones se ofrecen piezas identificadas como originales de marcas reconocidas, entre ellas MerCruiser, pero que la evidencia documental y conversaciones de WhatsApp apuntarían al suministro de componentes de fabricación china con un costo muy inferior al de las refacciones originales.
Como parte de una investigación periodística, se revisó información pública relacionada con la empresa. De acuerdo con la documentación consultada por este medio, la empresa aparece vinculada a dos mujeres como propietarias o responsables. Asimismo, los denunciantes aseguran que no existen trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que habría inconsistencias en su situación fiscal, lo que, de ser corroborado por las autoridades competentes, podría derivar en investigaciones por posibles irregularidades en materia laboral y tributaria.
La información pública disponible confirma que TodoTrack se presenta como un “taller mecánico integral” y “refaccionaria diésel” ubicado en Avenida José López Portillo, frente a la concretera ABC, en Cancún, Quintana Roo, especializado originalmente en motores diésel, gasolina y maquinaria pesada, camiones y tractocamiones.
En sus redes sociales, la empresa se anuncia con el eslogan “Calidad que arranca motores” y ofrece diagnóstico computarizado, servicio eléctrico automotriz, hojalatería, pintura y rescate vial, sin mención de una división o personal certificado en mecánica marina hasta publicaciones recientes que ya incluyen “servicio para embarcaciones” dentro de su lista de servicios. Este giro reciente hacia el sector náutico, sin que se acredite formación específica en motores marinos, es consistente con los señalamientos de los denunciantes sobre la falta de especialización técnica.
De acuerdo con los testimonios de los clientes, los mecánicos Cornelio González, Raúl Caamal y José Xicoténcatl se presentan presuntamente como especializados en embarcaciones, pero únicamente tendrían experiencia en automóviles.
Por qué la mecánica náutica exige personal especializado
El motor marino no es equivalente a un motor automotriz o de maquinaria pesada, aunque compartan components base: opera en condiciones de humedad salina constante, vibración, refrigeración por agua de mar o intercambiador, y sistemas de propulsión, gobierno y achique que no existen en un vehículo terrestre.
En países con regulación náutica desarrollada, la ocupación de “mecánico de motores náuticos y componentes mecánicos navales” está formalmente certificada y exige cientos de horas de formación teórico-práctica específica en diagnóstico de motores fuera de borda e intraborda, sistemas de propulsión y mando, y gestión de refacciones originales.
La capacitación especializada no es un formalismo: un mecánico sin entrenamiento marino puede desconectar sistemas críticos —como bombas de achique o instalaciones eléctricas de sentina— sin comprender su función de seguridad, lo que en un caso real puede convertir un mantenimiento preventivo menor en una situación de riesgo de hundimiento, exactamente el escenario descrito por los denunciantes en Isla Dorada. Fuentes especializadas en la industria marina subrayan que la certificación garantiza un nivel estandarizado de conocimiento, mejora la seguridad de la embarcación y reduce errores costosos de diagnóstico, un contraste directo con el “diagnóstico de fallas inexistentes” señalado en la denuncia contra TodoTrack.
La desconexión de baterías sin restablecer un suministro alterno inutiliza las bombas de achique automáticas, elemento de seguridad que en la náutica recreativa está normado como equipo obligatorio mínimo para evitar el hundimiento de la embarcación por acumulación de agua en sentina. La normativa mexicana de inspección de seguridad marítima exige que las embarcaciones cuenten con al menos dos bombas de achique, una independiente del motor principal, precisamente para que fallas o desconexiones parciales no dejen la nave sin protección contra inundación. Dejar una embarcación “con el motor abierto y sin electricidad” durante varios días, como se denuncia, multiplica ese riesgo y podría constituir además una forma de presión comercial hacia el cliente.
Posibles faltas a la ley en Quintana Roo y a la legislación federal aplicable
El diagnóstico de fallas inexistentes para inflar presupuestos podría constituir el delito de fraude previsto en el artículo 152 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que sanciona a quien engañando a alguien obtenga un lucro indebido. La pena va de seis meses a tres años de prisión cuando el monto defraudado no excede de mil UMA, y de tres a doce años cuando lo excede, por lo que los presupuestos de “cientos de miles de pesos” señalados en la denuncia podrían ubicar el caso en el rango agravado.
El desmontaje de componentes del motor sin autorización y los daños generados durante la propia revisión también encuadrarían en la figura de fraude agravado del mismo Código Penal estatal, además de abrir la puerta a responsabilidad civil por la reparación del daño causado a la embarcación.
La retención de la embarcación como forma de presión para que el cliente acepte el presupuesto —dejándola varios días sin rearmar— podría configurar una práctica comercial coercitiva contraria a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que faculta a la PROFECO a ordenar la devolución del bien retenido y sancionar al proveedor.
En cuanto a la publicidad de refacciones presentadas como “originales” cuando en realidad serían de fabricación china no certificada, el artículo 32 de la LFPC prohíbe la información inexacta, falsa o exagerada que induzca a error sobre las características de un producto o servicio, y la PROFECO puede sancionar esta conducta con multas que, conforme a los artículos 127 y 128 de la ley, pueden llegar a cerca de dos millones de pesos.
Si además se corrobora que esas piezas se venden haciéndolas pasar falsamente como de la marca MerCruiser, la conducta podría configurar el delito de falsificación de marca previsto en los artículos 402 a 404 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla de tres a diez años de prisión y multas de 2,000 a 500,000 UMA cuando se acredita una venta organizada, además de sanciones administrativas del IMPI de hasta 20 millones de pesos. Este delito es perseguible mediante querella del titular de la marca ante la Fiscalía General de la República.
La presunta falta de registro de trabajadores ante el IMSS violaría los artículos 15 y 304-A y 304-B de la Ley del Seguro Social, que prevén multas de 20 a 350 UMA por cada trabajador no inscrito —entre aproximadamente 2,260 y 41,058 pesos en 2026— e incluso responsabilidad penal conforme al artículo 311 de la misma ley, con pena de tres meses a tres años de prisión si el IMSS presenta la querella correspondiente.
Las inconsistencias en la situación fiscal de la empresa, de corroborarse, caerían bajo la competencia del Código Fiscal de la Federación y del SAT, con posibles consecuencias que van desde multas y créditos fiscales hasta responsabilidad penal por defraudación fiscal.
De tal forma que prestar un servicio especializado como la mecánica náutica sin acreditar personal capacitado también podría constituir una infracción a la LFPC en materia de información veraz sobre la calidad y competencia del proveedor, lo que habilitaría a PROFECO a sancionar administrativamente y abriría la vía civil para reclamar daños derivados de negligencia técnica.
Cabe destacar que, si se corrobora la venta de refacciones no originales presentadas falsamente como de marca MerCruiser, la conducta encuadraría no solo como publicidad engañosa ante PROFECO, sino potencialmente como delito federal perseguible por querella de la parte ofendida (el titular de la marca) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Fiscalía General de la República, dado que el artículo 402 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tipifica como delito representar falsamente un producto como original cuando no lo es.
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