Tijuana, Baja California. La disputa entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el exmandatario estatal Jaime Bonilla Valdéz dejó de ser un simple choque de personalidades para convertirse en una amenaza real a la coalición Morena-PT-PVEM que buscará retener la gubernatura de Baja California en 2027. El detonante más reciente fue la filtración de una serie de audios en los que se escucha a la gobernadora dialogar con personas que se presentaron como enlaces de agencias estadounidenses, así como una serie de denuncias penales cruzadas entre ambos políticos.
De acuerdo con lo reportado por Proceso, las tensiones entre la mandataria morenista y el hoy dirigente del PT en la entidad han escalado hasta poner en duda la continuidad de la alianza estatal justo cuando el PT se encuentra en pleno proceso de registro de aspirantes para definir su postura rumbo a la renovación de la gubernatura. Bonilla ha cuestionado públicamente que exista “piso parejo” para competir y ha condicionado el respaldo de su partido a la coalición con Morena.
Filtración de audios y el origen del conflicto
Los audios que reavivaron la confrontación fueron divulgados por el periodista Héctor de Mauleón en su columna de El Universal. En las grabaciones se escucha a Marina del Pilar sostener conversaciones con interlocutores que se identificaron como representantes de autoridades de Estados Unidos, entre ellos el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en las que se abordan temas como una posible investigación en su contra y la cancelación de su visa estadounidense.
La gobernadora explicó, en conferencia de prensa realizada el 15 de julio en Tijuana, que fue el propio Bonilla quien le propuso, a través de un mensaje de WhatsApp, participar en un encuentro con esas personas para ayudarle a resolver el asunto de su visa. Según su versión, la cita se realizó el 15 de diciembre de 2025 y terminó siendo, en sus palabras, una “trampa” orquestada para grabarla y usar el material en su contra en plena etapa preelectoral. La mandataria insistió en que los fragmentos difundidos fueron editados y presentados “fuera de contexto”, y rechazó haber compartido información sensible de seguridad.
Bonilla, por su parte, negó haber gestionado esos acercamientos y se deslindó de cualquier vínculo con agencias estadounidenses. El exgobernador acusó a la gobernadora de buscar victimizarse para desviar la atención de lo que realmente se escucha en los audios, y ligó el episodio con investigaciones abiertas en Estados Unidos por presunto narcoterrorismo.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusa a su predecesor Jaime Bonilla de haber orquestado las filtraciones en su contra pic.twitter.com/NPsXObqB0b
— Revista Guinda (@revistaguinda) July 15, 2026
Una relación política deteriorada desde hace años
El choque actual no surge de manera aislada. La relación entre ambos personajes, que en algún momento compartieron filas dentro de Morena, se fue deteriorando con el paso de los años hasta convertirse en un enfrentamiento abierto. El gobierno de Marina del Pilar impulsó investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración de Bonilla, lo que llevó al exgobernador a convertirse en uno de los críticos más constantes de la actual mandataria, mientras ella ha responsabilizado a su antecesor de buena parte de los ataques políticos en su contra.
Bonilla, en distintos momentos, ha lanzado señalamientos sobre presuntos pactos de la gobernadora con el crimen organizado, incluyendo referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación, acusaciones que datan de un discurso pronunciado desde la tribuna del Senado en agosto de 2022. Este año, además, finalmente arrancó el juicio en contra de Bonilla —tras haber sido aplazado en múltiples ocasiones— por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, en el que se le imputan los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones. Ese proceso judicial añade un telón de fondo que intensifica la tensión entre ambos dentro del movimiento en Baja California.
Días después de la primera tanda de audios, De Mauleón publicó nuevas grabaciones en las que se escucha a la gobernadora negociar con los presuntos intermediarios las condiciones de un encuentro adicional, que habría sido planteado para finales de agosto en Panamá, Miami o Tijuana. Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Estado ni el DHS han confirmado oficialmente la existencia de dichas reuniones.
La postura del gobierno federal y el respaldo a la gobernadora
Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han respaldado a Marina del Pilar quien ya justificó su presencia. Ambos han señalado que, de la revisión de los audios difundidos, no se desprende que la gobernadora haya compartido información sensible de seguridad nacional ni de Baja California, por lo que, sostienen, no existiría delito que perseguir en su contra.
Bonilla ha reprochado esa postura y acusa a la dirigencia nacional de la 4T de proteger a la gobernadora para no afectar las aspiraciones electorales de 2027, argumentando que Morena ya arrastra un desgaste por temas vinculados al narcotráfico. Bajo esa lectura, el exgobernador ha insinuado que una alianza con Morena podría no convenirle al PT y ha señalado en declaraciones previas que su partido no está “endiosado” con la idea de competir en coalición, por lo que primero espera observar cómo evoluciona el escenario político en la entidad antes de definir si se somete a una encuesta interna para formalizar o no la alianza.
La alianza Morena-PT-PVEM en juego
El conflicto abre una fisura interna en la 4T justo en el momento en que empiezan a perfilarse posibles sucesoras para la gubernatura, como la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, a quien el propio Bonilla ha mencionado como “próxima gobernadora” en mensajes que buscan presionar tanto a Marina del Pilar como a la dirigencia de Morena.
El pleito se traduce en incertidumbre sobre la estructura que tomará la coalición Morena-PT-PVEM de cara a 2027. Con Bonilla como pieza clave dentro del PT en el estado, el escándalo de los audios y las denuncias cruzadas se han convertido en argumento de negociación para exigir condiciones más equitativas dentro de la alianza o, incluso, para replantear la conveniencia de mantenerla.
El episodio, en el fondo, expone qué tan vulnerable puede ser la coalición gobernante ante conflictos internos en estados estratégicos, donde gobernadores emanados de Morena y exfuncionarios convertidos en aliados de partidos satélite —como ocurre con Bonilla en el PT— tienen capacidad de tensar la negociación electoral y condicionar su respaldo en función de procesos judiciales y acusaciones de corrupción o vínculos con el crimen organizado.