El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un punto de acuerdo ante el Senado de la República para exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a realizar, a la brevedad, avalúos de riesgo y evaluaciones de daños en comunidades del municipio de Jalapa, Tabasco, afectadas por las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los campos Bakté y la batería Los Agaves. El legislador yucateco también pidió medidas de remediación ambiental y el establecimiento de un monitoreo permanente en la zona.
Qué exige el senador Ramírez Marín a la ASEA
Ramírez Marín reconoció que la industria petrolera es un sector estratégico para la economía del país y de Tabasco, pero advirtió que su expansión no debe darse a costa de la salud, el patrimonio ni la calidad de vida de las comunidades que conviven con esa infraestructura. Por ello planteó que la ASEA, que cuenta con atribuciones para ordenar análisis de riesgo y evaluaciones de daño ambiental cuando existan indicios de afectación a la población o al entorno, actúe de inmediato e informe al Senado sobre los resultados obtenidos.
Grietas en viviendas y contaminantes en el aire: los daños reportados desde 2025
El legislador recordó que, desde principios de 2025, habitantes de distintas localidades comenzaron a reportar afectaciones vinculadas a la intensificación de las operaciones en los campos Bakté y Los Agaves, entre ellas grietas, cuarteaduras y separaciones en las viviendas provocadas por vibraciones asociadas a la actividad industrial. Además, alertó que las emisiones de los mecheros del campo Los Agaves incluyen partículas PM10 y PM2.5, monóxido y dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico y compuestos orgánicos volátiles, sustancias cuya exposición prolongada se asocia con enfermedades respiratorias crónicas, padecimientos cardiovasculares y mayor riesgo de cáncer, con especial impacto en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes ya padecen enfermedades respiratorias. El senador añadió que las fugas en ductos y la quema de gas residual también han contaminado suelo, cuerpos de agua y cultivos, y que la contaminación lumínica y térmica ha alterado el ecosistema regional.
Antecedentes: el Senado ya había pedido eliminar los mecheros en Tabasco
La denuncia de Ramírez Marín se suma a otra proposición presentada en febrero de 2026 por el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, quien documentó la quema de gas asociado por parte de Pemex en distintas regiones petroleras del sureste —Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas— y señaló que los mecheros cercanos a centros de población operan de forma continua, con ruido que puede superar los 100 decibeles y exposición a sulfuro de hidrógeno. Ese punto de acuerdo pidió a Semarnat reforzar la supervisión ambiental y a Pemex eliminar de manera definitiva los quemadores próximos a zonas habitadas, además de invertir en infraestructura para aprovechar y comercializar el gas natural.
Quejas municipales y la denuncia de junio en Jalapa
Ramírez Marín precisó que las autoridades municipales de Jalapa han presentado diversas quejas ante la ASEA y que, el 2 de junio de 2026, el presidente municipal interpuso una nueva denuncia formal para solicitar avalúos de riesgo y evaluaciones de daños. El senador aseguró que la problemática persiste pese a las inspecciones realizadas entre febrero y abril de este año, lo que lo llevó a insistir en que el Senado tiene la responsabilidad de atender las demandas de las comunidades y garantizar sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna.
El derrame en el Golfo y la respuesta federal, como telón de fondo
Estas exigencias se dan en un contexto más amplio de señalamientos hacia Pemex en el Golfo de México. En marzo de 2026, la Cámara de Diputados exhortó a Semarnat, ASEA, Bienestar y SADER a raíz de un derrame de hidrocarburos que afectó las costas de Veracruz y Tabasco, pidiendo a la ASEA investigar el origen del derrame, ordenar un análisis de huella química y publicar la información en un plazo no mayor a 30 días. De acuerdo con reportes posteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una respuesta coordinada con despliegue de la Marina y tratamiento de residuos mediante desorción térmica en plantas autorizadas por la ASEA, y se estableció un Observatorio Permanente del Golfo de México para fortalecer el monitoreo de futuras contingencias.
Con el nuevo punto de acuerdo, Ramírez Marín busca que el caso de Jalapa se sume a la lista de exhortos que legisladores de distintas bancadas han dirigido a Pemex y a las autoridades ambientales, en un momento en que crecen las exigencias de transparencia, remediación y monitoreo permanente para las comunidades del sureste mexicano que conviven con la infraestructura petrolera.