La Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad han detectado y desarticulado una compleja red de contrabando de combustible que operaba a través del sistema ferroviario. Este esquema, identificado como huachicol ferroviario, involucraba a empresas importadoras, agentes aduanales y mandos militares para introducir millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita al país .
La investigación reveló que la organización utilizaba la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, como punto principal de ingreso, donde los cargamentos de combustible eran declarados ante las autoridades con volúmenes considerablemente menores a los reales o eran presentados como otros productos con una carga fiscal distinta. Este método permitía ocultar el millonario trasiego de diésel, gasolina y nafta.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detalló que este esquema se distingue del robo de combustible por tomas clandestinas. En el huachicol ferroviario, se utilizan complejas redes de empresas fachada y operadores logísticos que fragmentan la trazabilidad de la operación para simular un origen lícito .
El modus operandi incluía la simulación de importaciones legales vía marítima con documentación falsa. Una vez en puertos nacionales, como Tampico, el combustible era descargado sin declarar y almacenado en instalaciones clandestinas. Posteriormente, se transportaba por vía férrea hacia estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, que fungían como nodos logísticos, para finalmente ser mezclado con producto legal y distribuido en el mercado.
Los operativos han dado como resultado aseguramientos históricos. En la modalidad ferroviaria, el Ministerio Público Federal logró el decomiso de 170 ferrotanques con 18 millones 900 mil litros de hidrocarburo en estados como San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, incluyendo una espuela ferroviaria en Coahuila de Zaragoza. Este golpe representó una afectación económica aproximada de 238 millones de pesos para la organización criminal .
Además, las investigaciones apuntan a más de 70 personas físicas y morales con operaciones en nueve entidades del país. Un caso emblemático es el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, donde se incautaron 10 millones de litros de diésel, y el del Torm Agnes en Ensenada, con más de 8.8 millones de litros, lo que evidencia la conexión entre las operaciones marítimas y el huachicol ferroviario .
Uno de los frentes más relevantes de esta investigación se centra en la Aduana de Matamoros, donde se han librado 13 órdenes de aprehensión. Entre los principales señalados se encuentran los exdirectores de la aduana, los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pérez Sarabia García, quienes se encuentran prófugos .
La FGR los vincula con el ingreso irregular de más de 144 millones de litros de combustible, los cuales fueron declarados como “solución de cloruro de calcio” para evadir impuestos y controles aduaneros. Se les acusa de delincuencia organizada y contrabando calificado, junto con otros funcionarios y empresarios, como Armando III Riestra Fernández, líder presunto de la red y ya detenido .
La indagatoria, iniciada por una denuncia anónima hace casi un año, ha derivado en la detención y vinculación a proceso de varios integrantes de la organización. Además de los 15 millones de litros asegurados en Matamoros, 129 ferrotanques y diversos vehículos, las acciones conjuntas han afectado significativamente las finanzas de estas estructuras delictivas .
Las investigaciones se mantienen abiertas para deslindar responsabilidades y dar con el paradero de los militares y otros implicados que aún no han sido capturados. La FGR mantiene el sigilo sobre parte del proceso penal para no entorpecer las pesquisas en curso.
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