La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por fraude fiscal a una red de proveedores de la Defensa que ha obtenido contratos por aproximadamente 4 mil 200 millones de pesos. Las empresas señaladas suministran uniformes, telas, maquinaria, colorantes, insumos y armamento al Ejército mexicano, según las indagatorias del ministerio público.
Documentos oficiales consultados revelan que son nueve empresas las que conforman esta red de proveedores de la Defensa, las cuales han cerrado más de 60 contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional. La FGR detectó que estas compañías incurrieron en un esquema diseñado para simular operaciones financieras, lo que derivó en el ejercicio de acciones penales contra los implicados.
La investigación contra la red de proveedores de la Defensa se originó en auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El SAT identificó triangulación de recursos con empresas fantasma por 200 millones de pesos y determinó créditos fiscales por 179 millones de pesos en contra de las compañías involucradas.
Dentro de las empresas investigadas se encuentra Nicela, a la cual el SAT determinó un crédito fiscal de 98.1 millones de pesos. La autoridad hacendaria detectó operaciones simuladas por 130 millones de pesos, lo que motivó el procedimiento administrativo correspondiente.
Otra de las compañías auditadas es Intman, que recibió un crédito fiscal de 95.7 millones de pesos. El SAT identificó en esta empresa operaciones simuladas por 40 millones de pesos, como parte de las irregularidades cometidas por esta red de proveedores de la Defensa.
Empresas como Introm Textil, Caroem Construcciones y Operadora Safrat también enfrentan créditos fiscales por montos que van desde 1.1 millones hasta 4.6 millones de pesos. Todas forman parte del entramado empresarial que la FGR investiga por fraude fiscal.
La FGR ejerció acción penal contra Mario Alfonso “N”, quien fue vinculado a proceso el 9 de abril pasado dentro de la causa penal 448/2025. El juez del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte otorgó tres meses para la investigación complementaria y permitió al imputado seguir su proceso en libertad.
Mario Alfonso “N” y otros integrantes de su familia aparecen como accionistas o representantes legales de las empresas constituidas entre 2008 y 2013. Su medio hermano Eduardo Alejandro “N” y su madre Patricia “N” también figuran en las investigaciones como parte de esta red de proveedores de la Defensa.
Aunque las empresas ya tenían contratos con la Defensa desde años anteriores, fue durante la administración de la Cuarta Transformación cuando se multiplicaron. A partir de 2019, esta red de proveedores de la Defensa logró 44 contratos por más de 3 mil millones de pesos.
El SAT detectó que Nicela carecía de trabajadores y capacidad material para prestar los servicios que facturaba. La empresa realizaba operaciones con compañías que no tenían activos, lo que configuró un esquema de simulación financiera que derivó en los créditos fiscales.
Nicela e Intman impugnaron las determinaciones del SAT mediante juicios de nulidad. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó los créditos fiscales, confirmando que ambas empresas incurrieron en irregularidades fiscales.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó en abril pasado el amparo 385/2025 presentado por Nicela. Con esta resolución, la empresa quedó sin mecanismos legales para evitar el pago de los créditos fiscales determinados por el SAT.
En un contrato específico, la FGR detectó un sobreprecio de 175.6 millones de pesos en las operaciones de esta red de proveedores de la Defensa. Este hallazgo forma parte de las evidencias que la fiscalía presentó ante el juez en la audiencia de vinculación a proceso.
La investigación complementaria en el caso de Mario Alfonso “N” está próxima a vencer. El juez deberá determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio o si se requiere ampliar el plazo para continuar con las indagatorias sobre la red de proveedores de la Defensa.
La FGR continúa con el análisis de los contratos y las operaciones financieras de las nueve empresas investigadas. El objetivo es determinar el alcance total del presunto fraude fiscal y las responsabilidades de cada uno de los implicados en este esquema.
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