Durante una visita a la región P’urhépecha, territorio donde vivió temporalmente hace 43 años al participar en proyectos sociales y ambientales como parte de su formación universitaria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso que la Constitución mexicana establezca la obligación de incrementar de manera permanente el presupuesto destinado a los pueblos originarios, sin importar el gobierno en turno.
La mandataria hizo este planteamiento en Cherán, Michoacán, en un evento dedicado a revisar los avances del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, uno de los mecanismos que su gobierno ha impulsado para atender demandas históricas de comunidades indígenas en distintas regiones del país.
El origen de un reclamo histórico
Sheinbaum recordó que, pese a que las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 sentaron las bases del Estado mexicano, ninguna incluyó un reconocimiento explícito a los derechos de los pueblos indígenas. Según explicó, ese vacío se corrigió apenas con la reforma constitucional impulsada durante la llamada “cuarta transformación”.
A partir de ese cambio, indicó, se creó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mecanismo que —según destacó la presidenta— representa la primera vez en la historia del México independiente en que estas comunidades reciben presupuesto de manera directa, sumado a las asignaciones federales, estatales y municipales ya existentes.
De acuerdo con cifras presentadas durante el evento, este año se destinarán 13 mil 500 millones de pesos a pueblos indígenas y afromexicanos a nivel nacional. El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, precisó que las comunidades P’urhépecha han recibido en conjunto 447 millones de pesos entre 2025 y este año, mientras que la inversión acumulada en planes de justicia para todo el país asciende a 4 mil 111 millones de pesos hasta junio de 2026.
Seguridad comunitaria y autogobierno en Cherán
Cherán, sede del acto, es reconocida por contar con un gobierno comunitario propio desde inicios de la década pasada, luego de que sus habitantes decidieran organizarse por cuenta propia para enfrentar la tala clandestina y la presencia de grupos del crimen organizado en su territorio.
En su intervención, Sheinbaum reconoció la complejidad de abordar públicamente el tema de seguridad en la asamblea, pero se comprometió a reforzar la atención a la comunidad. Propuso fortalecer los esquemas tradicionales de vigilancia, instalar un centro de monitoreo con cámaras en la localidad y sostener una reunión de seguridad específica en la Ciudad de México para dar seguimiento a estas demandas.
La voz de la comunidad P’urhépecha
Francisco Rosas Tomás, integrante del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, tomó la palabra ante los asistentes para reiterar las exigencias históricas de la comunidad: un entorno seguro para vivir y garantías que permitan preservar su vínculo con la tierra. Subrayó el orgullo de su identidad indígena y remarcó que no se trata de un pueblo sometido, sino de una comunidad organizada que respeta las instituciones y apuesta por el diálogo con los distintos niveles de gobierno.
El representante comunitario añadió que buscan mantener una relación institucional alejada de las disputas políticas, privilegiando un esquema de organización horizontal que, dijo, les ha permitido gobernarse con autonomía.
El proceso continuará
La propuesta de Sheinbaum de constitucionalizar el crecimiento presupuestal para pueblos indígenas tendría que pasar por el Congreso para convertirse en una reforma formal. De concretarse, sentaría un precedente al obligar a cualquier administración futura, independientemente de su signo político, a mantener e incrementar los recursos destinados a estas comunidades, en lugar de dejarlo sujeto a la discrecionalidad presupuestal de cada sexenio.
El evento en Cherán se dio en un marco de colaboración entre los tres órdenes de gobierno: la presidenta estuvo acompañada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, además de una decena de funcionarios federales, lo que, de acuerdo con el discurso oficial, busca proyectar una imagen de trabajo coordinado con las comunidades indígenas del país.