Un acta de matrimonio se convirtió en el detonante de una nueva crisis interna dentro de Morena en Quintana Roo. El documento en cuestión es un registro civil expedido en Mazatlán, Sinaloa, con fecha del 25 de noviembre de 2024, correspondiente al enlace matrimonial del senador Eugenio “Gino” Segura Vázquez con Lucía Lizárraga.
Lo que convirtió el acta en un asunto político no fue el matrimonio en sí, sino los nombres que aparecen en la casilla de testigos: la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, y Jorge Emilio González Martínez, el histórico líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), apodado “El Niño Verde”.
La información fue presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena por un grupo de militantes de base que actuaron bajo reserva de identidad, alegando fundado temor a represalias políticas, laborales o personales. Hasta el momento de esta publicación, ni Eugenio Segura Vázquez, ni Mara Lezama, ni Jorge Emilio González Martínez han emitido declaraciones públicas en respuesta directa a la controversia generada por el documento.
La queja ante la CNHJ: argumentos de los militantes
La solicitud presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no cuestiona el derecho del senador a contraer matrimonio ni impugna la validez del acto civil. Los promoventes delimitan con claridad el alcance de su planteamiento: se trata de una lectura política, no de una intromisión en la vida privada.Los argumentos centrales de la queja son los siguientes. En primer lugar, los militantes denuncian la injerencia de un partido aliado en asuntos internos de Morena. Consideran que la presencia del principal operador histórico del PVEM como testigo de un aspirante a la candidatura morenista genera el riesgo de que una fuerza externa termine influyendo en la definición de la candidatura bajo el paraguas de la coalición electoral.
Asimismo, sostienen que existe una falta de imparcialidad por parte de la gobernadora. A su juicio, la aparición de Mara Lezama como testigo de uno de los contendientes compromete la neutralidad que, según los principios estatutarios de Morena, debe guardar quien ejerce un cargo de gobierno.Los denunciantes también señalan una ausencia de piso parejo en el proceso interno.
En un contexto donde varios aspirantes compiten —entre ellos la alcaldesa Ana Paty Peralta y el director de Aduanas Rafael Marín Mollinedo—, el vínculo documentado entre Segura y quienes concentran el poder institucional y fáctico del estado genera condiciones asimétricas.Finalmente, argumentan que esto representa una vulneración a los Documentos Básicos de Morena, ya que los principios fundacionales del partido enarbolan el combate al influyentismo, los acuerdos de cúpula y las candidaturas construidas desde estructuras de poder.