Funcionarias de Quintana Roo involucradas en programa de apoyo social irregular
La Secretaría del Bienestar de Quintana Roo se encuentra bajo escrutinio después de descubrirse que varias funcionarias, incluida la Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Janely Monroy Martínez, están registradas como beneficiarias en el programa estatal “Mujer es Vida”.
Este programa, destinado a apoyar a mujeres en situación vulnerable, tiene como objetivo fortalecer su capacidad económica y empoderarlas.
La revelación de que funcionarias ocupando cargos en el gobierno local están registradas como beneficiarias del programa ha generado controversia y cuestionamientos sobre la ética y el uso adecuado de los recursos destinados a personas en condiciones de vulnerabilidad.
El programa “Mujer es Vida” está diseñado para asistir a sectores de la población que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en ingresos. Sin embargo, se ha descubierto que al menos cuatro funcionarias han estado recibiendo los beneficios del programa, a pesar de ocupar posiciones en el gobierno y, en teoría, tener ingresos regulares.
Una de varias funcionarias
Rocío Aban fue la primera funcionaria en ser descubierta cobrando beneficios del programa, lo que resultó en su separación del cargo de Subsecretaria del Bienestar. Posteriormente, se descubrió que Yecenia Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte, y Ana Luisa Chávez Mah, jefa de departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social, también estaban recibiendo beneficios de programas sociales.
Breya Hodich Alcocer, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el municipio de José María Morelos, también fue incluida en el padrón de beneficiarias del programa, lo que aumenta las preocupaciones sobre la transparencia y la distribución equitativa de los recursos.
Ante estas irregularidades, la Gobernadora Mara Lezama ha anunciado la apertura de una investigación y la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado para determinar el alcance del problema y tomar las medidas necesarias para garantizar la adecuada implementación de los programas sociales y evitar el uso indebido de los recursos públicos destinados a la población vulnerable.
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