Aborto: la conquista al derecho de decidir

El pasado 7 de septiembre la Suprema Corte reconoció de manera unánime el derecho fundamental a interrumpir el embarazo. A partir de este fallo histórico no se podrá, sin violar nuestra Constitución, procesar a mujer alguna por interrumpir su embarazo en los supuestos que reconocimos como válidos. Esta decisión, sin precedente en América Latina, marca un antes y un después en la conquista de la igualdad de género; es un parteaguas en la lucha por los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, y un paso definitivo para cimentar una sociedad más justa e igualitaria. Durante una década, he defendido una y otra vez el derecho a la interrupción del embarazo. He sostenido que todas las personas estamos a favor de la vida, pero de una vida en libertad, con dignidad; una vida en que las mujeres ejerzan sus libertades sin miedo a enfrentar la violencia del Estado, o los peligros de la clandestinidad. He insistido en que el delito de aborto castiga la pobreza y reduce a la mujer a un instrumento de reproducción; la condena a la cárcel, al estigma, y en muchos casos a la muerte. Hace una semana la Corte reconoció de frente esta realidad y apuntaló de una vez por todas el derecho a decidir.  La sentencia tiene un efecto directo en Coahuila, pues fueron sus normas penales las que se combatieron ante la Corte. Toda persona investigada, procesada o encarcelada por ese delito debe ser puesta en libertad de inmediato. Pero sus efectos son mucho más expansivos. Al haberse alcanzado una decisión que supera los ocho votos, el derecho a la interrupción del embarazo es un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas de México. Nunca más podrá ser procesada una mujer injustamente por el ejercicio de sus libertades. Se trata de un logro de extraordinaria trascendencia, pero hay que decirlo con toda claridad: no es un mérito de la Suprema Corte. Es un mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus libertades. De las que están ahora, de las que ya no están, y de las que vendrán. Es un logro indiscutible de esta marea verde de jóvenes que han salido a exigir que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. Es, también, un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos e inseguros, a las que tuvieron que soportar prisiones injustas, a las que todavía se encuentran en una cárcel por ejercer sus libertades. Esta sentencia es el mérito de todas las mujeres, y es un homenaje a su lucha tenaz, imparable.    Con todo, para terminar de raíz con la criminalización, el derecho a la interrupción del embarazo no se puede quedar en el papel. Si queremos reivindicar plenamente las libertades de las mujeres y personas gestantes, debemos llevar hasta sus últimas consecuencias la sentencia de la Corte para que sus efectos protectores sean tangibles. Por ello, al día siguiente en que se dictó este fallo, propuse al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la aprobación de un acuerdo sin precedentes, para que el Instituto de la Defensoría Pública asesore, represente y defienda a todas las personas que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto. El objetivo es identificar a las personas encarceladas por aborto, para que reciban una defensa efectiva y alcancen la libertad. Gracias a la trascendente reforma judicial aprobada este año, la Defensoría Pública cuenta con rango constitucional, y está plenamente equipada para desplegar esta misión a lo largo y ancho del territorio mexicano. Desde el Poder Judicial de la Federación estamos determinados a darle eficacia a la sentencia de la Corte sin demora, defendiendo con calidad y compromiso a las niñas, mujeres y personas gestantes más pobres de este país, a las más marginadas, a quienes enfrentan la amenaza de una prisión injusta por ejercer sus libertades. La Corte ha dictado una sentencia obligatoria; nuestras abogadas y abogados estarán a la altura, trabajando incansablemente para que este criterio se convierta en realidad. Todos los derechos para todas las personas. No son palabras vacías. Son la clave que orienta nuestra labor; es la mística que impulsa nuestros esfuerzos por ser un instrumento de justicia real en la vida de la gente más pobre y vulnerable. Seguiremos luchando por llevar la justicia federal a todos los rincones del país. Seguiremos empujando decisivamente, hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre. Ese es, y será siempre, nuestro compromiso.