CNDH jala orejas a Víctor Mas
Han transcurrido cinco meses desde el fallecimiento de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, a manos de elementos de la policía municipal de Tulum; como respuesta a esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 34/2021 al presidente municipal, Víctor Mas Tah, para que repare integralmente, y brinde una compensación justa a las cinco víctimas indirectas de este caso.
De acuerdo con el documento, la autoridad municipal deberá otorgarles la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran para garantizarles una recuperación física, psíquica y emocional, y colaborar en el seguimiento de la queja que se presente ante la Coordinación de Asuntos Internos de ese municipio o la autoridad con facultades para ello, en contra de las personas servidoras públicas responsables.
También deberá impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos al personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito que realiza funciones de seguridad pública, con énfasis en las obligaciones establecidas en los Principios Básicos y el Código de Conducta, así como en lo relativo a la prevención de la violencia de género.
Finalmente, en caso de que se determine responsabilidad administrativa de las autoridades involucradas en el caso, se solicita incorporar copia de la presente Recomendación a sus expedientes laborales y ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas y demás familiares de la persona fallecida.
De acuerdo con información de la CNDH, a partir de notas periodísticas que informaron sobre el deceso de una mujer en situación de migración internacional, tras ser detenida por policías de Tulum, el pasado 27 de marzo, la CNDH ejerció su facultad de atracción e inició una queja de oficio para investigar el caso.
Las evidencias recabadas permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la vida, atribuibles a los elementos de seguridad pública que participaron en los hechos.
El análisis de la Comisión determinó que no existen datos que permitan considerar que las autoridades responsables cumplieran con las formalidades para realizar la detención de la víctima o que esta hubiera incurrido en alguna conducta que justificara su aseguramiento.
Además de ello, en lugar de actuar con prudencia y diligencia, la persona servidora pública que la sometió, aplicó diversas maniobras que le ocasionaron una lesión cervical que finalmente desencadenó su muerte.